SUMARIO: I.-Introducción II.-Concepto y función del Recurso Extraordinario por infracción procesal III.- Competencia IV.-Resoluciones Recurribles 1.Sentencias dictadas en segunda instancia 2. Requisitos de Recurribilidad de las sentencias de segunda instancia 3. Algunos supuestos particulares V.- Motivos VI.- Procedimiento y Tramitación VII.- Sentencia VIII.- La futura reforma del recurso de casación 1.- Breve análisis de aproximación de la eficiencia del Proyecto de Reforma desde el punto de vista del análisis económico del derecho.

NOTA:

Autor: Oscar A. Sánchez Albarrán
Localización: Revista General Derecho Procesal (dirigida por D. Vicente Gimeno Sendra), núm. 16, Octubre 2008.  http://www.iustel.com

Trabajo de Iniciación a la Investigación en el Área de Derecho Procesal, dentro del Programa de Doctorado coordinado por Don Jaime Vegas Torres “Estudios de Derecho e Investigación Jurídica”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos; bajo la dirección de la Profesora Doña María Lidón Montón García.

 No solamente la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2008 (JUR 2008121241, recurso de casación núm. 185/2007), sino también la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2008 (JUR 2008134203, recurso de casación núm. 184/2007) declaran como imprescindible el trámite de información pública de los proyectos de trazado en las expropiaciones para  la construcción de autopistas. Se plantea el presente recurso de casación contra la resolución que declaraba la situación de indefensión en la que se había visto envuelto el propietario de una finca que fue ocupada dentro del marco de un proyecto de trazado sin haber sido sometido éste a información pública

Antes de nada, se hace necesario exponer aún de manera muy breve, las diferentes fases o estadios en un procedimiento expropiatorio ordinario o general, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Expropiación forzosa, a saber:

1º) Declaración de utilidad pública o interés social. (arts. 11 y 12)

2º) Declaración de la necesidad de la ocupación de los bienes o de la adquisición de los derechos (arts. 15 a 23). Se pretende ahora fijar, de modo concreto, los bienes que es preciso expropiar para llevar a cabo la obra o servicio en cuyo favor se ha declarado la utilidad pública o el interés social. “El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio” (art. 21.1)

3º) Determinación del justiprecio (art. 24 y ss. LEF). La fijación del justiprecio tiene una excepción en las denominadas expropiaciones urgentes reguladas en el art. 52 de la LEF.

4º) Pago y ocupación (art. 48,49, 50, 53, 56,  57 LEF)

Frente al referido procedimiento, nos encontramos el Procedimiento expropiatorio excepcional de urgencia, regulado en el art. 52 LEF supone una inversión de determinadas fases del procedimiento y una anticipación de la ocupación de los bienes, que tiene lugar antes de la fijación definitiva y del pago del justiprecio. Así, el artículo 52 de la LEF establece que “(…) excepcionalmente, y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá declararse urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada (…) Esta declaración podrá hacerse en cualquier momento e implicará las siguientes consecuencias (…) 1. Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación inmediata. 2. Se notificará a los interesados afectados, según los artículos 3 y 4 de esta Ley, el día y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación (…)”.

Los rasgos que describen al procedimiento de urgencia son los siguientes: a)Comienza con la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados b) La ocupación siempre ha de ir precedida del levantamiento del acta de previa ocupación sobre los bienes que van a ser expropiados c) La Administración ha de formular las hojas de depósito previo a la ocupación d) El expediente de fijación del justiprecio se hará por los trámites del procedimiento ordinario e) Además, debemos señalar que se notificará a los interesados el día y hora en que va a realizarse el acto previo de la ocupación, fijándose en él la cantidad a satisfacer. Posteriormente, se depositará la misma o se pagará en dinero, procediendo sin más a la ocupación de la finca. La fijación de la cantidad provisional que se abona y que da derecho a la ocupación se hace con criterios fiscales, sin perjuicio de que posteriormente se fije el justiprecio por los trámites normales, con intervención, en su caso, del Jurado de Expropiación.

Por lo tanto parece que el legislador en el procedimiento de urgencia estableció como principal consecuencia es que era preciso declarar la necesidad de la ocupación, ex. Art. 52.1. LEF. Por ello, El art. 16.1. de la Ley 8/1972, 10 mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión (en la redacción anterior a la entrada en vigor de la LEY 13/03, de 23 de mayo, REGULADORA DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS PUBLICAS) establecía que el decreto de adjudicación de la concesión implicará la declaración de utilidad pública de las obras, el Art. 16.2 que La necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación por el Ministerio de Obras Públicas de los proyectos de trazado, en los cuales se definirá con precisión la zona objeto de expropiación, incluyendo los accesos y las áreas de servicio, y expresando asimismo los servicios y servidumbres afectados, y el 16.4 que la ocupación de los bienes afectados se reputará urgente a los efectos establecidos en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. En este sentido, El artículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras establece: 1. La aprobación de los proyectos de carreteras estatales implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. 2. La declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente. 3. A los efectos indicados en los apartados anteriores, los proyectos de carreteras y sus modificaciones deberán comprender la definición del trazado de las mismas y la determinación de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir para la construcción, defensa o servicio de aquéllas y la seguridad de la circulación.

Después, una vez entendido cumplido el trámite de la declaración de necesidad de la ocupación (ex. Art. 52 LEF y art. 16.2. LA), es cuando se notifica a los interesados afectados el día y la hora del acta previa (ex. Art.52.2. LEF), sin que se produzca vulneración ni omisión de ningún trámite de información pública.

         Sin embargo, la Sala 3ª del Tribunal Supremo considera, ratificando la argumentación del tribunal de instancia que “(…)el sometimiento a información pública del Estudio informativo, no puede suplir la ausencia de dicho trámite respecto al Proyecto de trazado en cuanto es este el que contiene la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio urgente, y al no haberse sometido a información pública en su momento el Proyecto de trazado que contenía aquella relación individualizada, se habría generado indefensión al expropiado, apreciando por todo ello una vía de hecho en la actuación de la Administración(…)”; añadiendo que “(…) Así pues, si bien en el presente caso la información pública del proyecto de trazado no era necesaria por imposición legal derivada de la Ley de Carreteras, de ello no se deriva la omisión de tan esencial trámite a los efectos del proceso expropiatorio por un plazo de quince días (así lo exigen en proyectos expropiatorio de urgencia las SSTS de 29 de marzo de 1996 y 19 de enero de 1999), sin que tal omisión pueda ser sustituida, de un lado, ni por la información pública de los estudios informativos, ni de otro por la ofrecida en la resolución de convocatoria al levantamiento de actas previas, posterior a la aquí omitida (artículo 56.2 REF) y con una limitación de alegaciones importante, a saber, para subsanar posibles errores en la relación de bienes y derechos afectados, que en modo alguno permitió al demandante oponerse a la concreta necesidad de ocupación de su parcela y/o a la extensión de la superficie afectada. Por todo ello, resultando esencial dicho trámite de información pública y habiendo sido omitido, lo que ciertamente causó indefensión material al recurrente, quien en modo alguno pudo articular alegaciones frente a la concreta necesidad de ocupación de la finca en la forma en que se hizo, esta alegación del recurrente debe prosperar(…)”;y estableciendo finalmente la consecuencia jurídica de todo ello la cuál: “(…) consistirá en una indemnización de daños y perjuicios habida cuenta la imposibilidad material de restituir el terreno a su propietario, que consistirá, según reiterada jurisprudencia sobre la materia, en el importe del justiprecio que se señale incrementado en un 25% más de su valor por la ilegal ocupación, así como los intereses legales de tal cantidad desde la fecha de la ocupación (11 de octubre de 2000) hasta su completo y efectivo pago(…)”

NO obstante, en honor a la verdad, debemos señalar que tras la publicación de la LEY 13/03, de 23 de mayo, REGULADORA DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS PUBLICAS (BOE de 24 de Mayo de 2003,), y a partir del día 24-8-03, fecha en la que entró en vigor la citada ley, el apartado primero del artículo 16 de la Ley de Autopistas quedó derogado; pudiendo ser dicho cambio legislativo uno más de los motivos que hayan llevado a la Sala 3ª a sentar la doctrina expuesta.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27 DE MARZO DE 2008

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—La sentencia recurrida contiene parte dispositiva que copiada literalmente dice: "Fallamos: 1.ºDesestimar íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Xxxxx, en nombre y representación de Don Daniel contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 8 de octubre de 2002 por la que se fijó el justiprecio de la resolución del Jurado Provincial de Expropiación la finca n.º NÚM000 del Proyecto de expropiación "R-3. Autopista de Peaje Madrid-Arganda del Rey. Tramo: M-40-Arganda del Rey. Clave: T8M-9003 A”.

2.º Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Xxxxx, en nombre y representación de la entidad ACCESOS DE MADRID, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 11 de febrero de 2003 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del mismo Jurado de 8 de octubre de 2002, ya dicha (salvo la exclusión del 25% por ocupación ilegal), la que se anula conforme a lo expresado en esta sentencia, desestimando el resto de sus pretensiones.

3.º Estimar la demanda de lesividad interpuesta por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia de la Administración General del Estado, contra la referida resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 8 de octubre de 2002, la que se anula conforme a lo expresado en esta sentencia”.

Segundo.—La representación procesal de Accesos de Madrid, Concesionaria Española, S.A. Sociedad Unipersonal, presentó escrito interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia anteriormente citada, en el que formuló sus consideraciones fácticas y jurídicas y terminó suplicando a la Sala de instancia eleve los autos a esta Sala a fin de que dicte sentencia de acuerdo con las peticiones formuladas en su recurso.

Tercero.—Admitido el recurso a tramite, se concede a la parte recurrida el plazo de treinta días a fin de que formalicen su oposición, verificándolo mediante escrito en los que tras exponer los motivos de oposición que considera oportuno, se opuso al recurso interpuesto.

Cuarto.—La Sala de instancia dictó Providencia por la que se tiene por evacuado el trámite de oposición al recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto, acordándose elevar las actuaciones y expediente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Quinto.—Recibidas las actuaciones en esta Sala se ordena formar el rollo de Sala.

Sexto.—Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia el día 26 de marzo de dos mil ocho, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.

Siendo Ponente la Excma. Sra. D.ª Margarita Robles Fernández, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—Por Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A. se interpone recurso de casación para unificación de doctrina contra Sentencia dictada el 26 de enero de 2007 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en los recursos acumulados 2585/2002, 990/03 y 1929/03, pronunciándose sobre el Acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa de Madrid de 8 de octubre de 2002 en el que se fijó el justiprecio de la finca NÚM000 del Proyecto de expropiación R-3 Autopista de Peaje Madrid-Arganda del Rey. Tramo: M-40 Arganda del Rey Clave T8-M-9003 A.

La Sentencia recurrida contiene el siguiente Fallo, pronunciándose sobre los distintos recursos acumulados:

"1.º Desestimar íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Xxxxx, en nombre y representación de Don Daniel contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 8 de octubre de 2002 por la que se fijó el justiprecio de la resolución del Jurado Provincial de Expropiación la finca n.º NÚM000 del Proyecto de expropiación "R-3. Autopista de Peaje Madrid-Arganda del Rey. Tramo: M-40-Arganda del Rey. Clave: T8-M-9003 A”.

2.º Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Xxxxx, en nombre y representación de la entidad ACCESOS DE MADRID, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 11 de febrero de 2003 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del mismo Jurado de 8 de octubre de 2002, ya dicha (salvo la exclusión del 25% por ocupación ilegal), la que se anula conforme a lo expresado en esta sentencia, desestimando el resto de sus pretensiones.

3.º Estimar la demanda de lesividad interpuesta por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia de la Administración General del Estado, contra la referida resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 8 de octubre de 2002, la que se anula conforme a lo expresado en esta sentencia”.

En el segundo de los fundamentos jurídicos de la Sentencia se tienen por probados los siguientes hechos, que es necesario tener en cuenta a los efectos de examinar posteriormente si concurre el presupuesto esencial para la viabilidad del recurso de casación para unificación de doctrina, cual es la sustancial identidad entre las cuestiones examinadas en la sentencia recurrida y aquellas que se examinan en las sentencias que se citan de contraste:

"SEGUNDO. Los hechos que se deben tener en cuenta en el presente litigio son los siguientes:

1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministro de 4 de marzo de 1994 se aprobó el "Plan Director de Infraestructuras 1994-2007, como un instrumento de política de Estado que permita el desarrollo integral y sostenible de nuestro territorio”.

2. El 25 de febrero de 1997, se presentó por el Ministerio de Fomento el "Programa de Autopistas de Peaje”. Estas vías figuraban ya en el Plan Director de Infraestructuras, si bien clasificadas en su mayoría como autovías. Entre ellas se encuentra la que se denomina "Nueva autopista de peaje radial Madrid-Levante (R-3) tramo Madrid-Arganda (40 Kilómetros)”.

3. La Orden de Ministerio de Fomento de 26 de mayo de 1997 (BOE de 4 de junio) declaró urgentes y de excepcional interés público las actuaciones en materia de carreteras incluidas en los anexos de la misma Orden, entre las que se encuentra la citada "Nueva autopista de peaje radial Madrid-Levante (R-3) tramo Madrid-Arganda (40 Kilómetros)”, acordando su ejecución al amparo del artículo 14.2 del Real Decreto 1812/1994, de 2 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Los motivos de reconocida urgencia y de excepcional interés público que la Orden detalla para la referida autopista son los siguientes: "La congestión de las actuales carreteras, en las cuales se supera en más de un 80 por 100 la capacidad de las respectivas vías obligaría necesariamente a una reducción drástica de la demanda por métodos coactivos o disuasorios, obviamente imposible, o a un aumento de la oferta viaria. Esto junto con el crecimiento previsto de las viviendas ocupadas en la periferia madrileña debido tanto al crecimiento demográfico como a las nuevas urbanizaciones residenciales, así como a la disminución del número de residentes por vivienda, hacen que sea de reconocida urgencia y excepcional interés público realizar nuevos accesos que garanticen de un modo adecuado la movilidad metropolitana de Madrid, para lo cual son elementos fundamentales las tres nuevas radiales enunciadas” (una de ellas es la mencionada R-3).

4. Por Real Decreto 1515/1999, de 24 de septiembre, se adjudica la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey a la parte también demandante ACCESOS DE MADRID, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

5. Con fecha 6 de junio de 1997 la Dirección General de Carreteras llevó a cabo la aprobación provisional del Estudio Informativo que fue sometido a informe de los organismos oficiales correspondientes y a información pública a través de las publicaciones en el BOE, BOCM y diario ABC. Este estudio informativo no incluía en ninguna de sus posibles alternativas la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

6. El 14 de marzo de 2000, la Dirección General de Carreteras aprobó el Proyecto de Trazado "R-3:Autopista de Peaje Madrid-Arganda del Rey. Clave T8-M-9003-A” sin que previamente se hubiera sometido a información pública.

7. Con fecha 26 de julio de 2000 se levantó acta previa a la ocupación, sin la asistencia del titular de la finca ni del representante del Ayuntamiento, consignándose en la Caja General de Depósitos en concepto de depósito previo la cantidad que figura en el expediente.

8. El 19 de octubre de 2000 se levantó acta de ocupación, sin que compareciera el titular de la finca y sin que firmara el representante del Ayuntamiento, ingresándose en la Caja General de Depósitos por el concepto de rápida ocupación la cantidad que figura en el expediente.

9. La clasificación urbanística de la finca expropiada es la de suelo no urbanizable. Su cultivo es de olivo secano, teniendo 45 olivos. La superficie total de la finca es de 5.008 m², que se expropian en su totalidad.

10. Efectuada la ocupación de la finca, la Administración requirió al titular de la finca para que formulara hoja de aprecio y, ante la desavenencia en el justiprecio, la correspondiente pieza separada fue remitida al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que resolvió el justiprecio en las resoluciones que son objeto de impugnación.....”.

Segundo.—La Sentencia de instancia contiene los siguientes razonamientos respecto a las cuestiones a las que la actora se refiere en su recurso de casación para unificación de doctrina.

En relación a la supuesta vía de hecho en que habría incurrido la Administración, el Tribunal "a quo” razona apreciando esta al considerar que el sometimiento a información pública del Estudio informativo, no puede suplir la ausencia de dicho trámite respecto al Proyecto de trazado en cuanto es este el que contiene la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio urgente, y al no haberse sometido a información pública en su momento el Proyecto de trazado que contenía aquella relación individualizada, se habría generado indefensión al expropiado, apreciando por todo ello una vía de hecho en la actuación de la Administración que motiva en los siguientes términos remitiéndose al artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en relación con el artículo 8.1 de la Ley de Carreteras.

"Afirmado lo anterior debe resolverse sobre la cuestión aquí planteada, a saber, si la omisión del trámite de información pública del proyecto de trazado, constituyó o no una actuación administrativa conforme a Derecho. Para dar una adecuada respuesta, deben diferenciarse los requisitos que a estos efectos señala la normativa de carreteras (artículo 32 y siguientes del Reglamento), sobre la necesidad de someter a información pública los estudios informativos y en su caso, de los proyectos de trazado en el siguiente caso: "No obstante, en el caso en que, siendo necesario un estudio informativo, las circunstancias concurrentes aconsejen que su función se asuma por un anteproyecto, proyecto de trazado o de construcción, éste se someterá a información pública en la misma forma y con el mismo régimen jurídico que si de un estudio informativo se tratara” (artículo 34.3). Que en este caso, reiteramos, a efectos de la normativa de carreteras, no resultaba preciso el cumplimiento de los requisitos de publicidad que se exigen a efectos del proceso de expropiación forzosa. Esto se debe a que el objeto de la información pública de los estudios informativos lo es en el sentido que "Las observaciones en este trámite deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de la carretera y sobre la concepción global de su trazado (artículo 10.4, párrafo primero)”, por lo que resulta imprescindible determinar si existe o no obligación de someter a información pública el proyecto de trazado (único que contiene la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto expropiatorio urgente que se inicia con su aprobación) a los efectos expropiatorios. La respuesta viene dada por el artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, según el cual "1. El acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes afectados por una expropiación, deberá estar debidamente motivado con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley y conteniendo referencia expresa a los bienes a que la ocupación afecta o al proyecto de obras en que se determina, así como al resultado de la información pública en la que por imposición legal, o en su defecto, por plazo de quince días, se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate. 2. En estos casos no será procedente recurso alguno, pero los interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito ante el Organismo expropiante, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación”.

Así pues, si bien en el presente caso la información pública del proyecto de trazado no era necesaria por imposición legal derivada de la Ley de Carreteras, de ello no se deriva la omisión de tan esencial trámite a los efectos del proceso expropiatorio por un plazo de quince días (así lo exigen en proyectos expropiatorio de urgencia las SSTS de 29 de marzo de 1996 y 19 de enero de 1999), sin que tal omisión pueda ser sustituida, de un lado, ni por la información pública de los estudios informativos, ni de otro por la ofrecida en la resolución de convocatoria al levantamiento de actas previas, posterior a la aquí omitida (artículo 56.2 REF) y con una limitación de alegaciones importante, a saber, para subsanar posibles errores en la relación de bienes y derechos afectados, que en modo alguno permitió al demandante oponerse a la concreta necesidad de ocupación de su parcela y/o a la extensión de la superficie afectada. Por todo ello, resultando esencial dicho trámite de información pública y habiendo sido omitido, lo que ciertamente causó indefensión material al recurrente, quien en modo alguno pudo articular alegaciones frente a la concreta necesidad de ocupación de la finca en la forma en que se hizo, esta alegación del recurrente debe prosperar.

La consecuencia jurídica derivada de lo anteriormente afirmado, como consecuencia de haberse estimado la petición de nulidad del procedimiento por omisión del trámite de información pública y, también por ello, del de declaración de necesidad de ocupación, como solicita el recurrente, consistirá en una indemnización de daños y perjuicios habida cuenta la imposibilidad material de restituir el terreno a su propietario, que consistirá, según reiterada jurisprudencia sobre la materia, en el importe del justiprecio que se señale incrementado en un 25% más de su valor por la ilegal ocupación, así como los intereses legales de tal cantidad desde la fecha de la ocupación (11 de octubre de 2000) hasta su completo y efectivo pago. Por ello no puede aceptarse la petición de la parte recurrente de que esta indemnización sustitutoria sea del duplo del importe del justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa”.

Tercero.—Por lo que se refiere al artículo 26 de la Ley 6/98 y la apreciación de expectativas urbanísticas, la Sala de instancia después de rechazar que el suelo expropiado sea valorado como si de suelo urbanizable se tratase por considerar que no ha sido expropiado para la ejecución de un sistema general de comunicación destinado a crear ciudad (R-3 Autopista de Peaje Madrid-Arganda del Rey), anulando por tales razones el Acuerdo del Jurado, que había valorado el suelo expropiado como si de suelo urbanizable se tratase, aplicando los artículos 27.2 y 29 de la Ley 6/98 y fijando un justiprecio de 33,65 ?/m2 (aun cuando luego lo había reducido por ser superior al señalado por el expropiado en su hoja de aprecio), se pronuncia en los siguientes términos:

"SÉPTIMO. Como se ha dicho, los terrenos objeto de expropiación se hallan clasificados como no urbanizables, ya que no se ha estimado de constituyan un sistema general, por lo que su valor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del Suelo y valoraciones, debe obtenerse desde esa clasificación, teniendo en cuenta el método de valoración previsto en el artículo 26 de la misma Ley. Conforme a este precepto, el valor de este suelo se determinará por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas, debiéndose tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Las valoraciones que constan en los informes obrantes en el expediente, así como las que se recogen en los informes periciales aportados son muy dispares, mostrando unas grandes diferencias. Desde ahora ha de destacar el Tribunal que se rechazan las que toman como presupuesto la consideración de los terrenos como urbanizables. Pues bien, centrando la valoración en atención a la naturaleza de los terrenos, entiende el Tribunal que el informe pericial de Sala obrante en el procedimiento 909/03, cuya extensión de efectos ha sido acordada al amparo de lo establecido en el artículo 61.5 de la Ley de la Jurisdicción, ofrece elementos adecuados para alcanzar una conclusión coherente con las consideraciones recogidas en el fundamento de Derecho anterior; así el expresado informe indica que el valor de mercado mínimo para fincas sitas en el municipio de Arganda, conforme a escrituras otorgadas en los años 2000 y 2001 es de una media de 6,53 ?/m², concretando que ese es el valor correspondiente al primer semestre del año 2001. En el mismo informe se añade que en las escrituras formalizadas en el año 2003, los precios estuvieron por encima de los 15 ?/m². Por ello, refiriendo el valor al momento del acta de ocupación definitiva, que tiene lugar el 11 de octubre de 2000, esto es, en el segundo semestre del año, parece razonable que ese valor se incremente hasta los 8 ?/m², por cuanto parte del incremento producido en el año 2003 ya debió dejarse sentir en ese segundo semestre, más cuando un año después se llega casi a triplicar. Así pues, el valor unitario se fija por la Sala en los referidos 8 ?/m².

Ahora bien, un hecho que debe tenerse en cuenta es el de las expectativas urbanísticas que se proyectan sobre el territorio afectado por al obra pública causante de la expropiación. Tan es así, que, aunque sólo sea un dato más, el Jurado Provincial de Expropiación forzosa en resoluciones posteriores, dictadas en el año 2004, ha tomado este dato como elemento a tener en cuenta para determinar el valor de los terrenos. No cabe duda, por tanto de que ese concepto debe ser considerado. El criterio seguido por esta Sala ha sido el de incrementar el valor unitario fijado en un porcentaje determinado, en función de las circunstancia de los terrenos (proximidad a núcleos de población, a vías de comunicación, a centros de actividad económica, como más relevantes), teniendo en cuenta que, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 19 julio 2005: "bajo la vigencia del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 esta Sala ha venido considerando que en el suelo no urbanizable es susceptible de ser valorado teniendo en cuenta sus expectativas urbanísticas. Se exige que éstas sean reales y resulten probadas en función de las diversas circunstancias del terreno, como la proximidad a suelo urbano y los servicios e infraestructura existentes. Su comprobación corresponde a la apreciación probatoria que realice la Sala de instancia en el uso de su facultad exclusiva de apreciación de la prueba. Pero estas expectativas no pueden derivar exclusivamente de la obra que motiva la expropiación, puesto que el artículo 36 de la Ley de Expropiación forzosa dispone que "las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro”.

Para fijar ese porcentaje ha de recordarse que esta Tribunal ha venido cifrándolo en el 20% en los procedimientos expropiatorios de fincas del municipio de Villalbilla (proyecto de Instalaciones del "Oleoducto Rota-Zaragoza, Variante Loeches-Guadalajara”) en la sentencia de 7 de noviembre de 2003 dictada en el recurso 1867/00, sentencia de 7 de junio de dos mil cuatro dictada en el recurso n.º 1936 de 2000, sentencia de 10 de febrero de 2005 dictada en el recurso 1456/01 y sentencia de 18 de noviembre de 2005 dictada en el recurso 1445/01, entre otras. Sin embargo, en este caso, no se puede olvidar que se trata de un municipio muy cercano a Madrid, de unos terrenos próximos a vías de comunicación tales como la que constituye objeto del proyecto expropiatorio y la A-3, entre otras. A ello se une que el municipio de Arganda del Rey queda claramente bajo al influencia de la capital de la nación, que el valor de sus terrenos está teniendo un crecimiento elevado, como lo evidencia la prueba pericial, a lo que se debe unir el dato de la notoriedad de la escasez de suelo en la Comunidad de Madrid. Todos estos elementos deben tener el efecto de incrementar ese porcentaje de manera notable, arrojando un valor definitivo mucho más próximo al real, atendidas esas circunstancias, siendo ese porcentaje el del 50%. Así pues, con ese incremento el valor del suelo queda en 12 ?/m².

Cuarto.—La actora en su recurso alega en primer lugar que la Sentencia impugnada contiene una doctrina contraria a la contenida en las sentencias que cita de contraste respecto al carácter implícito de la necesidad de ocupación en la aprobación del Proyecto de trazado y la procedencia de que la información pública de la relación de bienes y derechos afectados, se pueda realizar con posterioridad a la aprobación de dicho Proyecto de trazado. Como sentencias de contraste cita las dictadas por esta Sala del Tribunal Supremo el 24 de noviembre de 2004 (Rec. Cas. 6514/2000), el 14 de noviembre de 2000 (Rec. Cas. 2939/96) y el 4 de marzo de 2005 (Rec. Cas. 1270/2001) así como las dictadas por el TSJ de Madrid el 19 de julio de 2004; el 25 de junio de 2004 y el 5 de diciembre de 2003 y el 3 de noviembre de 2003. En todas estas sentencias, según la recurrente se descartaría que haya vía de hecho generadora de indefensión aunque el sometimiento a información pública de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación sea posterior a la aprobación de un Proyecto de trazado.

Del mismo modo alega la actora que la sentencia recurrida sienta una doctrina contraria a la contenida en las sentencias de este Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2003 (Rec.Cas.1839/1999) y 24 de septiembre de 2001 respecto a "la imposibilidad de incoroporar expectativas urbanísticas cuando se ha utilizado el método de comparación”, precisamente porque al utilizarse dicho método ya se tiene en cuenta el valor real o de mercado del suelo expropiado.

Por último, según la recurrente, la sentencia dictada contendría una doctrina distinta a la contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2005 (Rec. 6947/2001); 5 de abril de 2006 (Rec. 3909/2003) y 3 de octubre de 2006 (Rec. 4599/2006) que excluyen la toma en consideración de aquellas expectativas que se deriven de la propia obra que se ejecuta y de aquellas otras que no concurran específica y singularmente sobre el concreto terreno que se valora, y no consten debidamente acreditadas, doctrina que se vulneraría por la Sala de instancia al adicionar al valor de mercado que atribuye al terreno expropiado, un 50% por expectativas urbanísticas.

Quinto.—El artículo 96 de la ley jurisdiccional dispone en su apartado 1) que el recurso de casación para la unificación de doctrina se da exclusivamente cuando existan pronunciamientos distintos entre las sentencias de contraste y la recurrida respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación, y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

La esencia del Recurso de Casación para la unificación de doctrina tal y como aparece regulado en los artículos 96 y siguientes de la ley jurisdiccional, exige que la sentencia recurrida siente una doctrina que entre en contradicción con la establecida en las sentencias de contraste. El propio "nomen iuris” del recurso así lo impone y de su finalidad también se deriva, ya que de lo que se trata es de evitar que prospere una interpretación jurídica contraria a la que se ha consolidado en anteriores sentencias dictadas en idénticas situaciones, en mérito a hechos, fundamentos de derecho y pretensiones sustancialmente iguales. Para ello es preciso que el Tribunal "a quo” declare expresamente la doctrina, cuya errónea aplicación se trata de corregir a través de este recurso y por tanto es esencial que se justifiquen no sólo las identidades entre la Sentencia impugnada y las sentencias que se citan de contraste, sino también que se exponga la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida, como fundamento de la pretensión impugnatoria.

Procede pues, ir examinando si respecto a cada una de las cuestiones planteadas en el recurso, concurre el presupuesto de la sustancial identidad entre la cuestión resuelta en la sentencia impugnada y aquellas examinadas en las sentencias citadas de contraste.

Por lo que se refiere a la apreciación en la sentencia recurrida de una vía de hecho por parte de la Administración, el tribunal aprecia tal por no haberse sometido a información pública el Proyecto de trazado de la autopista de peaje, lo que determinó que el expropiado no hubiese podido formular alegaciones frente a la concreta ocupación de su finca, no reputando aptos para subsanar tal omisión, el sometimiento a información pública del Estudio Informativo, ni la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación.

En las sentencias que se citan de contraste por la actora resultan planteadas las siguientes cuestiones:

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2004, tal y como se recoge en su fundamento jurídico tercero, las alegaciones del recurrente se basaban en que "no puede conocerse quién redactó el proyecto que "aparentemente” autoriza y justifica la expropiación llevada a cabo, ni quién lo aprobó ni dónde se publicó, ni ninguno de los trámites que necesariamente y de acuerdo con la vigente Ley de Expropiación Forzosa deben respetarse”. Este era el planteamiento hecho por el allí recurrente que no guarda la necesaria sustancia identidad con la cuestión planteada en autos, pero además en la sentencia de contraste, se tiene por probado que si se siguió todo el procedimiento legalmente establecido para la aprobación del Proyecto T- 3-L 2700 Autovía variante de LLeida CN-II de Madrid a Francia, excluyendo cualquier indefensión del recurrente.

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2000 se examina la impugnación del Acuerdo que manda proseguir expediente expropiatorio del inmueble sito en la Pza. de la Iglesia n.º 3 de Pozoblanco para destinar aquel a Casa de Cultura, centrándose la cuestión debatida en la procedencia del trámite de urgencia seguido para la expropiación y acordando este Tribunal la retroacción de actuaciones para que se siga el procedimiento ordinario. No cabe, tampoco, apreciar la sustancial identidad exigible para la viabilidad del recurso interpuesto.

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2005 se contempla la impugnación de Acuerdo del Jurado, en que se fija el justiprecio de finca expropiada por el procedimiento de urgencia para la ejecución del proyecto "Desdoblamiento de la variante de San Juan de Aznalfarache 4-SE-218”. En dicha Sentencia se rechaza que la Administración haya incurrido en vía de hecho, por cuanto aun cuando se aprecian irregularidades en la actuación de la Administración, no se reputan de entidad suficiente como para determinar la nulidad de lo actuado, y además tales irregularidades no guardan ninguna relación con las cuestiones planteadas en la Sentencia recurrida, por cuanto en aquella se planteaba que por Resolución de 16 de marzo de 1991 se acordaba convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados por la realización de la obra, al levantamiento de las Actas previas a la ocupación, cuando la declaración de urgencia a efectos de expropiación se hace por Resolución de 16 de abril de 1991. No se aborda, pues, la relevancia del sometimiento a información pública del Proyecto de trazado.

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de julio de 2004, la cuestión relativa al trámite de información pública se plantea no en relación a una vía pública de nueva construcción como ocurre en el caso de autos, sino respecto a otra que es objeto de acondicionamiento, siendo precisamente la esencia de la argumentación la diferencia procedimental en los supuestos de trazado nuevo respecto a aquellos que son objeto de duplicaciones, acondicionamientos o ensanches. Las consideraciones anteriores se hacen a mayor abundamiento, pues no hay constancia de la firmeza de la sentencia, por lo que según el artículo 97 de la Ley Jurisdiccional, no puede ser tenida como sentencia de contraste.

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2004, el acto objeto de impugnación era la citación al actor para el levantamiento del acta previa a la ocupación de finca afectada por el proyecto de trazado de vía pública distinta a la contemplada en el caso de autos, la "M-50 Autovía de circunvalación a Madrid Tramo A-6 -Carretera M-409”, solicitándose por el recurrente, según afirma la Sala de instancia en el fundamento jurídico primero, se declare la "inexistencia o en su caso la declaración de nulidad de pleno derecho de la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto”, lo que en ese supuesto es rechazado por la Sala pronunciándose sobre el procedimiento de urgencia seguido y entendiendo que en el caso enjuiciado concurrieron los presupuestos necesarios para la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto que era la cuestión allí objeto de controversia, rechazando las alegaciones del recurrente sobre la falta de declaración de urgencia por el Consejo de Ministros, falta de concepción globlal del trazado, selección de opción más recomendable,etc, entre otras cuestiones. Sin que pueda tampoco olvidarse que en este caso, afirma la Sala de instancia "ninguna objeción se hace acerca de la necesidad de ocupación de los bienes expropiados”, lo que si acontece en la Sentencia recurrida.

Por último, en las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de diciembre de 2003 y 3 de noviembre de 2003 también citadas de contraste, la cuestión debatida se plantea en iguales términos que la anteriormente citada, siendo esta la procedencia y concurrencia de los requisitos necesarios para la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de la M-50.

Las consideraciones hechas respecto a estas tres últimas sentencias relativas a la M-50, se hacen a efectos dialécticos, pues al igual que ocurre en el supuesto anterior, las certificaciones que se aportan de las mismas no hacen constar la firmeza de dichas sentencias, lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Jurisdiccional impide puedan ser tenidas como sentencias de contraste.

El recurso de casación para unificación de doctrina no puede, pues, ser estimado en relación a la apreciación por el Tribunal "a quo” de una actuación constitutiva de vía de hecho por parte de la Administración, al faltar el presupuesto de la sustancial identidad entre la cuestión debatida en la sentencia de instancia, relativa a la trascendencia de la falta de trámite de información pública del Proyecto de trazado y las demás cuestiones abordadas en las sentencias que pueden ser tendias como de contraste y que hemos ido exponiendo.

Sexto.—Respecto a las cuestiones planteadas en relación a las expectativas urbanísticas que son apreciadas por el Tribunal sentenciador, el cual valora el suelo no urbanizable acudiendo al método de comparación establecido en el artículo 26 de la Ley 6/98, alega en primer lugar la recurrente que resulta imposible incorporar expectativas urbanísticas cuando se ha utilizado el método de comparación, y cita como Sentencias de contraste las dictadas por esta Sala del Tribunal Supremo el 20 de octubre de 2003 y el 24 de septiembre de 2001.

Pero como ya apunta la actora en su recurso, las refereridas sentencias no permiten ser tenidas en cuenta como adecuados términos de contraste, ya que en ninguna de ellas se aplica la Ley 6/98, aplicable al caso de autos, lo que excluye igualmente la sustancial identidad necesaria para la viabilidad del recurso de casación para unificación de doctrina.

Séptimo.—En cuanto a la cuestión que también se planteaba en relación a las expectativas urbanísticas, tampoco las sentencias que se aportan como de contraste, plantean cuestión sustancialmente idéntica a la que sobre las expectativas urbanísticas se decide en la sentencia recurrida.

Así en la Sentencia de esta Sala de 28 de octubre de 2005 se examina el justiprecio de suelo no urbanizable expropiado para la construcción de un Centro Penitenciario respecto al que se rechaza que pueda valorarse como suelo urbanizable programado al no reputarse un sistema general destinado a crear ciudad, siendo esta la cuestión allí debatida, sin que se aplique tampoco la Ley 6/98, como ocurre en el caso de autos, sino que se procedió a la aplicación del artículo 49 de la Ley de Suelo de 1992.

En nuestra Sentencia de 5 de abril de 2006 se examina el justiprecio de finca expropiada para la construcción del Proyecto Línea Valencia-Tarragona. Tramo Las Palmas Oropesa, y aun cuando en la misma se aplican los criterios de valoración contenidos en la Ley 6/98 se rechaza la posibilidad de apreciar expectativas urbanísticas examinando y valorando las concretas pruebas documentales practicadas, de las cuales se concluye que no queda acreditada la concurrencia de circunstancias tales como la específica proximidad del terreno a una zona turística o cualesquiera otras que pusieran de relieve la previsibilidad de que el terreno expropiado fuera a ser incorporado a un proceso urbanizador.

En esta Sentencia, pues, no se esta excluyendo la valoración de expectativas urbanísticas como parece pretender la actora porque tengan su origen en la propia obra pública a la que la expropiación sirva con carácter instrumental, sino porque la valoración que se hace de la prueba practicada en relación a un suelo ubicado en un lugar geográfico y con unas circunstancias de ubicación absolutamente distintas a las del suelo expropiado, lleva a la conclusión que no concurren en aquel suelo allí expropiado, cualquiera de las circunstancias a que la propia sentencia de contraste se refiere y que permitirían la apreciación de expectativas urbanísticas.

Por último, en nuestra Sentencia de 3 de octubre de 2006, al igual que ocurre en la sentencia anterior, se asume la valoración hecha en su momento por la Sala de instancia en relación a la específica prueba pericial practicada, valoración que no fue adecuadamente impuganda en sede casacional y en la que analizando las concretas circunstancias concurrentes en el terreno expropiado en el término municipal de Calatayud (con unas características obviamente muy distintas a las del terreno objeto de los presentes autos) se concluía rechazando que pudieran apreciarse expectativas urbanísticas, cuya apreciación como es sabido exige que sean reales y resulten acreditadas en función de las diversas circunstancias del terreno.

Por todo lo expuesto y faltando como venimos diciendo el presupuesto de sustancial identidad necesario para la viabilidad de este recurso entre todas las cuestiones analizadas en la sentencia recurrida, a que se refiere la parte recurrente y las contempladas en las sentencias de contraste, ha de procederse a su desestimación,.

Octavo.—La desestimación del recurso interpuesto determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de una condena en costas a la actora fijándose en mil quinientos euros (1.500 ?) la cantidad máxima a repercutir por dicho concepto, por lo que a honorarios de letrado de la contraparte se refiere.

FALLAMOS

No haber lugar al recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la representación de Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A. contra Sentencia dictada el 26 de enero de 2007 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con condena en costas a la recurrente, fijándose en mil quinientos euros (1.500 ?) la cantidad máxima a repercutir por dicho concepto por lo que a honorarios de Letrado de la contraparte se refiere.

http://www.jurismadrid.com/public/php/index.php

1.- EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE ADECUADO 1.1. El derecho al medio ambiente adecuado: un derecho fundamental 1.2. Derecho Subjetivo y Medio ambiente 2.- ACCIONES COLECTIVAS, DERECHOS DE LOS GRUPOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 2.1. Acción colectiva y derechos difusos 2.2. Sistemas de protección y tutela en el derecho comparado 2.3. Un modelo de acciones colectivas: el sistema americano de las “action class”. 3.- ACCIONES COLECTIVAS, DERECHOS DE LOS GRUPOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA JURISDICCIÓN CIVIL. 3.1. Los instrumentos tradicionales de protección civil del medio ambiente 3.2. Las acciones colectivas en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de Enero. 3.3. La legitimación 3.4. La Extensión de la Cosa Juzgada 3.5. ¿Es el proceso civil un instrumento eficaz para la defensa del derecho al medio ambiente adecuado?

A procedural system incapable of protecting the interests and / or diffuse and collective rights implies a denial of social justice and the rule of law. The challenges that accompany the emergence and expansion of these interests and / or rights groups imply a need for processing and / or renewal of the traditional instruments of guardianship proceedings. In today's society is often seen continuing attacks and aggressions against the environment, then you have a vital equip individual legal means at its disposal in order to cope with similar environmental assaults, beyond the protection of law administrative (And the duty of public authorities to preserve and protect the environment) or criminal law (Reserved for the most serious against the environment, constitute an offence). The civil proceedings (As long as they allow the exercise of collective action-in the specific field of the environment - and / or allowing the adaptation of traditional institutions but essential for the effective implementation of law and access to justice)could be a way forward (Beyond the existence and virtuality of the criminal proceedings-reserved for the most serious-or process before an administrative-where would accommodate the demands to the administration or control of its action for environmental protection, and whose most facet important lie in the area of prevention, rather than the penalty)for the defence of the right to the environment, both from the point of view repairer as the cessation of activity unlawful or harmful

MÁS INFORMACIÓN:

Autor: Oscar A. Sánchez Albarrán

Localización: Revista General de Derecho Procesal

http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=14&id=9

Con carácter general, nos planteamos si los diversos sistemas de videovigilancia, y CCTV en el ámbito privado están sometidos o no  a la normativa sobre protección de datos de carácter personal (además de otras implicaciones y/o responsabilidades que pudieran surgir cuando la utilización de las vídeo cámaras tenga la consideración de intromisión ilegítima en el ámbito de protección la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, cuyo análisis excedería de lo que es objeto del presente trabajo), con todo lo que ello implica (información, consentimiento del interesado, derechos de acceso, rectificación, cancelación, inscripción de ficheros, etc…) sobre todo cuando nos encontramos con casos de cámaras que no almacenan las imágenes y en las que no existe grabación de sonido. En España no existe una norma que de forma específica regule[1], en el marco de la protección de datos, la video vigilancia privada y más concretamente la video vigilancia mediante CCTV[2]. Sin embargo la Agencia Española de Protección de Datos en la Instrucción 1/2.006, de 8 de noviembre, (B.O.E. nº 296, de 12 de diciembre), ha regulado el tratamiento de datos personales con fines de videovigilancia a través de cámaras o videocámaras (incluyendo dentro de su ámbito de aplicación la grabación, captación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, reproducción o emisión en tiempo real, y cualquier otro tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con ellas, quedando excluidos los datos personales grabados para uso o finalidad doméstica. Además resulta necesario, de acuerdo con la citada Instrucción, colocar un distintivo en las zonas videovigiladas cuyo modelo ha sido aprobado en la instrucción, en un lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados, y tener la información que exige el art. 5 LOPD en impresos a disposición de los interesados. 

II.- LEY ORGÁNICA DE VIDEOVIGILANCIA 4/1997 DE 4 DE AGOSTO.  

La única disposición que hasta ahora ha regulado la vigilancia ha sido la Ley Orgánica 4/1.997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos (y su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 596/1999, de 16 de abril. Eso sí, ceñida a su utilización para proteger la seguridad ciudadana en lugares públicos por los agentes citados[3]. Dicha Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública. Así mismo el artículo 9 de la citada LO 4/1997 establece: “1. El público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, y de la autoridad responsable. 2. Toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente considere que figura. No obstante, el ejercicio de estos derechos podrá ser denegado por quien custodie las imágenes y sonidos, en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado, la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando”.    

III.- INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS PARA LA GESTIÓN Y DISCIPLINA DEL TRÁFICO 

La Disposición Adicional Octava de la citada Ley Orgánica 4/1.997, de 4 de agosto señala que: la instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en el marco de los principios de utilización de las mismas previstos en esta Ley.Por su parte, la Disposición Adicional Única del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecución de la ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos; establece: “1. La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en las vías públicas, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/1997 y en la presente disposición. 2. Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico, autorizar la instalación y el uso de los dispositivos aludidos en el apartado anterior. 3. La resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de captación y reproducción, identificará genéricamente las vías públicas o los tramos de aquéllas cuya imagen sea susceptible de ser captada, las medidas tendentes a garantizar la preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos, así como el órgano encargado de su custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación. La vigencia de la resolución será indefinida en tanto no varíen las circunstancias que la motivaron. En el ámbito de la Administración General del Estado la facultad resolutoria recaerá en el Director general de Tráfico. 4. La utilización de medios móviles de captación y reproducción de imágenes, que no requerirá la resolución a la que se refiere el apartado anterior, se adecuará a los principios de utilización y conservación enunciados en el mismo. 5. La custodia y conservación de las grabaciones y la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación a las mismas corresponderá a los órganos que determinen las Administraciones públicas competentes. En el caso de la Administración General del Estado, corresponderá al responsable de los servicios provinciales del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. 6. Cuando los medios de captación de imágenes y sonidos a los que se refiere esta disposición resulten complementarios de otros instrumentos destinados a medir con precisión, a los efectos de la disciplina del tráfico, magnitudes tales como la velocidad de circulación de los vehículos a motor, dichos aparatos deberán cumplir los requisitos que, en su caso, prevean las normas metrológicas correspondientes. 7. La utilización de las videocámaras contempladas en esta disposición por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fines distintos de los previstos en la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997 y en el presente Reglamento. En el caso de que dicha utilización se realice por las Unidades de Policía Judicial en sentido estricto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en su normativa específica.  

I.- LA ECOLOGÍA COMO CIENCIA. Partiendo de las aportaciones del prusiano Haeckel (1869) la ecología sería la ciencia que estudia “la distribución y abundancia de los organismos- seres vivos- (Andrewartha, 1961) y como esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su medio ambiente (Krebs, 1985); incluyendo el medio ambiente las propiedades físicas que pueden ser descritas como al suma de factores bióticos- organismos que comparten el habitat- y abióticos- clima, geología- (Begon, Harper & Towsend, 1986)”. Se considera una rama de la Biología, ciencia que estudia los seres vivos. Estos pueden ser estudiados a muchos niveles (proteínas, ácidos nucléicos, tejidos, células, etc..); y también a nivel de organismos, poblaciones, comunidades, y ecosistemas, que es lo que es objeto de la ecología propiamente. Además de enfoques clásicos utilizados por Krebs (descriptivo, funcional y evolutivo); modernamente Begon y sus seguidores consideran que se debe profundizar en los aspectos explicativos y predictivos. En ecología se denomina ECOSISTEMA  a un sistema dinámico relativamente autónomo, formado por una comunidad natural y su ambiente físico; teniendo en cuenta las complejas interacciones entre los organismos- plantas, animales, bacterias, algas, protozoos, hongos, etc..- que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. Está constituido por una parte animada- BIOCENOSIS o comunidad biológica: conjunto de organismos de cualquier especie vegetal o animal que coexisten en un espacio definido que ofrece las condiciones exteriores para su supervivencia-; y una parte inanimada- BIOTOPO o comunidad abiótica: Espacio físico, natural y limitado donde se desarrolla la parte viva del ecosistema o biocenosis. Del conjunto de factores fisicoquímicos que lo componen se distingue entre condiciones: factor ambiental que varía en el espacio y el tiempo V.gr. temperatura, humedad relativa, Ph, salinidad, etc...; y recursos: todo lo consumido por un organismo V. gr. Radiación luminosa-." II.- ENEGÍA Y PRODUCCIÓN. Todos los ecosistemas necesitan una fuente de energía, que fluyendo a través de los distintos componentes mantiene la vida, y moviliza el agua, los minerales, y otros componentes físicos. V.gr. El sol. Además existe un continúo movimiento de materiales (que se recicla), puesto que los elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros hasta que vuelven al suelo, al agua o al aire. Ello supone estudiar a) Las relaciones alimentarias: la vida necesita energía que pasa de unos organismos a otros a través de las cadenas tróficas. Estas comienzan en las plantas que captan la energía luminosa convirtiéndola en energía química- fotosíntesis-. Estas son devoradas por los herbívoros o consumidores primarios, que a su vez son presa de los carnívoros o depredadores o consumidores secundarios que a su vez son presa de los hombres o superdepredadores o consumidores terciarios. Al morir los seres vivos existen necrófagos (V.gr. hongos o bacterias) que se alimentan de residuos muertos y detritos b) los ciclos de la materia: los elementos químicos que forman los seres vivos (oxígeno, carbono, hidrógeno, azufre, fósfor, etc..) van pasando de unos niveles tróficos a otros y c) el flujo de energía: La energía fluye desde el sol pasando por los productores a los descomponedores. Entra en forma de energía luminosa y sale en forma de energía calorífica. Los productores primarios son los organismos que hacen entrar energía, principalmente las plantas verdes terrestres y acuáticas incluidas las algas y algunas bacterias. Forman el 99% en peso de los seres vivos en la biosfera. Los productores secundarios son todo el conjunto de animales y detritívoros que se alimentan de los organismos fotosintéticos. III.- LA TIERRA. Es uno de los planetas del sistema solar, astro que recibe la luz del Sol. Está formada por una parte sólida (núcleo, manto y corteza terrestre: formada por carbonatos y rocas sedimentarias), otra líquida (hidrosfera: ríos, lagos, glaciares 1,2%; agua marina ligada a sedimentos 20%; océanos 80%) y otra gaseosa (atmósfera: compuesta de gases: N2 78%, O 21%, Argón 0,9%, CO2 0,03% También vapor de agua, ozono, azufre, óxido nitrógeno). La atmósfera y el mar equilibran la temperatura transportando calor desde el ecuador a los polos. IV.- CICLO DE LOS ELEMENTOS EN LA BIOSFERA. Los seres vivos están formados en su 95% de peso por O2, H2, C2, y N2; aunque también por fósforo, azufre, calcio, potasio, etc...CICLO DEL CARBONO: Es básico para la formación de moléculas orgánicas (carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos). La reserva fundamental de carbono en moléculas de CO2 que los seres vivos pueden aprovechar se encuentra en la atmósfera y la hidrosfera. Se consume en la fotosíntesis de las plantas y se devuelve a las plantas cuando en la respiración oxidan los alimentos. Por su parte los seres vivos acuáticos lo toman del agua. Aproximadamente se renueva el CO2 de la atmósfera cada 20 años. CICLO DEL OXÍGENO: Es el elemento más abundante de los seres vivos, y se encuentra su reserva fundamental en la atmósfera. Al absorberse CO2 por la fotosíntesis, se devuelve O2. También las moléculas de O2 activadas por las radiaciones muy energéticas de Onda corta se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas de O2, formando O3. Así mismo, el O3 absorbiendo radiaciones ultravioletas vuelve a convertirse en O2. CICLO DEL NITRÓGENO: Los organismos lo emplean para la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, y otras moléculas del metabolismo. Reserva fundamental en la atmósfera en forma de N2, pero no puede ser utilizado así por la mayoría de seres vivos, salvo algunas bacterias (que lo convierten en nitratos y amonio, que si es asimilable por las plantas a través de las raices y lo eliminan a través de la urea o ácido úrico). CICLO DEL FÓSFORO: Componente esencial de los organismos que forma parte del ADN y ARN y otras moléculas que almacenan energía química. Reserva fundamental en la corteza terrestre que por meteorización de las rocas o sacado de las cenizas volcánicas queda disponible para las plantas. CICLO DEL AZUFRE: Forma parte de las proteínas y su reserva fundamental se encuentra en la corteza terrestre. El exceso de emisiones de gases sulfurosos están provocando actualmente problemas como la lluvia ácida. CICLO DEL AGUA: Importantísimo componente de los seres vivos y factor limitante de muchos ecosistemas V.- CAMBIOS GLOBALES EN LA BIOSFERA. V.1. CONTAMINACIÓN ATMOFÉRICA. Es la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo implicando riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes se encuentran los óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, ozono, anhídrido carbónico y aerosoles. Otros también contaminantes serían los derivados del azufre, halógenos y sus derivados, componentes orgánicos, partículas de metales pesados y ligeros como el plomo, zinc, mercurio y cobre, partículas de sustancias minerales como el amianto y los asbestos (contaminantes primarios). Otros que no se vierten directamente a la atmósfera, son los que son fruto de transformaciones, reacciones químicas y fotoquímicas de los contaminantes primarios: radiaciones ionizantes y ruido (contaminantes secundarios). V.2. CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL.  En el último siglo la concentración de anhídrido carbónico y otros gases invernadero en la atmósfera ha ido creciendo constantemente debido a la actividad humana: A) A comienzos de siglo por la quema de grandes masas de vegetación para ampliar las tierras de cultivo B) En los últimos decenios, por el uso masivo de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, para obtener energía y por los procesos industriales. El efecto invernadero se origina porque la energía que llega del sol, al proceder de un cuerpo de muy elevada temperatura, está formada por ondas de frecuencias altas que traspasan la atmósfera con gran facilidad. La energía remitida hacia el exterior, desde la Tierra, al proceder de un cuerpo mucho más frío, está en forma de ondas de frecuencias mas bajas, y es absorbida por los gases con efecto invernadero. Esta retención de la energía hace que la temperatura sea más alta, aunque hay que entender bien que, al final, en condiciones normales, es igual la cantidad de energía que llega a la Tierra que la que esta emite. Si no fuera así, la temperatura de nuestro planeta habría ido aumentando continuamente, cosa que, por fortuna, no ha sucedido. Podríamos decir, de una forma muy simplificada, que el efecto invernadero lo que hace es provocar que le energía que llega a la Tierra sea "devuelta" más lentamente, por lo que es "mantenida" más tiempo junto a la superficie y así se mantiene la elevación de temperatura. Los estudios más recientes indican que en los últimos años se está produciendo, de hecho, un aumento de la temperatura media de la Tierra de algunas décimas de grado. Dada la enorme complejidad de los factores que afectan al clima es muy difícil saber si este ascenso de temperatura entra dentro de la variabilidad natural (debida a factores naturales) o si es debida al aumento del efecto invernadero provocado por la actividad humana.V.3. LLUVIA ÁCIDA. Algunas industrias o centrales térmicas que usan combustibles de baja calidad, liberan al aire atmosférico importantes cantidades de óxidos de azufre y nitrógeno. Estos contaminantes pueden ser trasladados a distancias de hasta cientos de kilómetros por las corrientes atmosféricas, sobre todo cuando son emitidos a la atmósfera desde chimeneas muy altas que disminuyen la contaminación en las cercanías pero la trasladan a otros lugares. En la atmósfera los óxidos de nitrógeno y azufre son convertidos en ácido nítrico y sulfúrico que vuelven a la tierra con las precipitaciones de lluvia o nieve (lluvia ácida). Otras veces, aunque no llueva, van cayendo partículas sólidas con moléculas de ácido adheridas (deposición seca).  La lluvia normal es ligeramente ácida, por llevar ácido carbónico que se forma cuando el dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua que cae. Su Ph suele estar entre 5 y 6. Pero en las zonas con la atmósfera contaminada por estas sustancias acidificantes, la lluvia tiene valores de pH de hasta 4 o 3 y, en algunas zonas en que la niebla es ácida, el pH puede llegar a ser de 2,3, es decir similar al del zumo de limón o al del vinagre.V.4. PROBLEMÁTICA DE LA CAPA DE OZONO. El ozono de la estratosfera juega un importante papel para la vida en el planeta al impedir que las radiaciones ultravioletas lleguen a la superficie. Uno de los principales problemas ambientales detectados en los últimos años ha sido la destrucción de este ozono estratosférico por átomos de Cloro libres liberados por Clorofluorocarburos emitidos a la atmósfera por la actividad humana. Aunque la disminución de la concentración de ozono está demostrada en toda la atmósfera, es especialmente acusada en la Antártida. Sobre este continente se produce todos los años, en los meses de septiembre a noviembre, coincidiendo con la primavera antártica, el llamado vórtice circumpolar, que aísla el aire frío situado sobre la Antártida del más cálido del resto del mundo. Debido al frío se forman cristales de hielo, con cloro y otras moléculas adheridas, que tienen gran capacidad de destruir ozono. Así se forma lo que se suele denominar el "agujero" de ozono. Cuando el vórtice circumpolar se debilita, el aire con muy poco ozono de la Antártida se mezcla con el aire de las zonas vecinas. Esto provoca una importante disminución en la concentración de ozono en toda la zona de alrededor, y parte de América del Sur, Nueva Zelanda y Australia quedan bajo una atmósfera más pobre en ozono que lo normal. Las radiaciones solares que pasan a través de estos "agujeros" contienen una proporción de rayos ultravioleta considerablemente mayor que las radiaciones normales. Estas radiaciones podrían llegar a producir un incremento en cánceres de piel y otras enfermedades, aunque no está demostrado que esto se haya producido o se esté produciendo. Sí que hay estudios que indican que el fitoplancton de los mares que rodean a la Antártida está sufriendo algunas modificaciones que se pueden atribuir, con bastante probabilidad, a este aumento de radiación ultravioleta VI.- CAMBIOS LOCALES EN LOS ECOSISTEMAS.  EL SUELO: El suelo es una parte fundamental de los ecosistemas terrestres. Contiene agua y elementos nutritivos que los seres vivos utilizan. En el se apoyan y nutren las plantas en su crecimiento y condiciona, por tanto, todo el desarrollo del ecosistema. El suelo se forma en un largo proceso en el que interviene el clima, los seres vivos y la roca más superficial de la litosfera. Este proceso es un sucesión ecológica en la que va madurando el ecosistema suelo. La roca es meteorizada por los agentes metereológicos (frío/calor, lluvia, oxidaciones, hidrataciones, etc.) y así la roca se va fragmentando. Los fragmentos de roca se entremezclan con restos orgánicos: heces, organismos muertos o en descomposición, fragmentos de vegetales, pequeños organismos que viven en el suelo, etc. Con el paso del tiempo todos estos materiales se van estratificando y terminan por formar lo que llamamos suelo. Siempre se forman  suelos muy parecidos en todo lugar en el que las características de la roca y el clima sean similares. El clima influye más en el resultado final que el tipo de roca y, conforme va avanzando el proceso de formación y el suelo se hace más evolucionado, menos influencia tiene el material original que formaba la roca y más el clima en el que el suelo se forma. En el suelo encontramos materiales procedentes de la roca madre fuertemente alterados, seres vivos y materiales descompuestos procedentes de ellos, además de aire y agua. Las múltiples transformaciones físicas y químicas que el suelo sufre en su proceso de formación llevan a unos mismos productos finales característicos en todo tipo de suelos: arcillas, hidróxidos, ácidos húmicos, etc.; sin que tenga gran influencia el material originario del que el suelo se ha formado.  En el suelo viven una gran cantidad de bacterias y hongos, tantos que su biomasa supera, normalmente, a todos los animales que viven sobre el suelo. En la zona más superficial, iluminada, viven también algas, sobre todo diatomeas. También se encuentran pequeños animales como ácaros, colémbolos, cochinillas, larvas de insectos, lombrices, etc. Las lombrices tienen un especial interés. Son, dentro de la fauna, las de mayor presencia de biomasa, y cumplen un importante papel estructural pues sus galerías facilitan el crecimiento de las raíces y sus heces retienen agua y contienen importantes nutrientes para las plantas. La acción del hombre (agricultura, industria, infraestructuras de transporte, urbanizaciones, etc..) sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente en el último siglo, que se puede afirmar que no existe ecosistema que no esté afectado por su actividad. Desde hace milenios el hombre ha explotado y modificado la naturaleza para subsistir, pero en los últimos decenios además ha producido miles de sustancias nuevas que se han difundido por toda la atmósfera, la hidrosfera, los suelos y la biosfera. La actividad humana mueve muchas especies de unos lugares a otros. A veces conscientemente y otras sin querer, al transportar mercancías o viajar de unos sitios a otros. Muchas de estas especies son beneficiosas por su aprovechamiento agrícola o ganadero, como la patata y el maíz que fueron introducidas en Europa y son un importantísimo recurso alimenticio. Otras sirven para controlar plagas. Pero algunas son muy perjudiciales, porque no tienen depredadores que las controlen y se convierten en plagas. Siempre hay que tener en cuenta que la alteración del ecosistema es muy difícil de prever y sus efectos secundarios difíciles de controlar. EL AGUA: Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras producidas por la actividad humana. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades. Pesticidas, desechos químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc., se encuentran, en cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos lugares del mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida. La degradación de las aguas viene de antiguo y en algunos lugares, como la desembocadura del Nilo, hay niveles altos de contaminación desde hace siglos; pero ha sido en este siglo cuando se ha extendido este problema a ríos y mares de todo el mundo. Primero fueron los ríos, las zonas portuarias de las grandes ciudades y las zonas industriales las que se convirtieron en sucias cloacas, cargadas de productos químicos, espumas y toda clase de contaminantes. Con la industrialización y el desarrollo económico este problema se ha ido trasladando a los países en vías de desarrollo, a la vez que en los países desarrollados se producían importante mejoras. Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no provocan concentraciones altas de polución, excepto en algunos lugares muy concretos. La contaminación de origen humano, en cambio, se concentra en zonas concretas y, para la mayor parte de los contaminantes, es mucho más peligrosa que la natural. Hay cuatro focos principales de contaminación antropogénica: industria, vertidos urbanos, navegación , agricultura y ganadería. Un caso particular es la eutrofización: Un río, un lago o un embalse sufren eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes. Podría parecer a primera vista que es bueno que las aguas estén bien repletas de nutrientes, porque así podrían vivir más fácil los seres vivos. Pero la situación no es tan sencilla. El problema está en que si hay exceso de nutrientes crecen en abundancia las plantas y otros organismos. Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos olores y le dan un aspecto nauseabundo, disminuyendo drásticamente su calidad. El proceso de putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un ecosistema casi destruido. VII.- EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN. Desertización es la transformación de tierras usadas para cultivos o pastos en tierras desérticas o casi desérticas, con una disminución de la productividad del 10% o más. La desertización es moderada cuando la pérdida de productividad está entre el 10% y el 25%. Es severa si la pérdida está entre el 25% y el 50% y muy severa si es mayor. La mayor parte de la desertización es natural en las zonas que bordean a los desiertos. En épocas de sequía estos lugares se deshidratan, pierden vegetación y buena parte de su suelo es arrastrado por el viento y otros agentes erosivos. Sin embargo, este fenómeno natural se ve agravado por actividades humanas (desedificación) que debilitan el suelo y lo hacen más propenso a la erosión. Entre estas causas humanas encontramos: sobrepastoreo, mal uso, tala de árboles, y compactación del suelo. EROSIÓN. Una gran parte del territorio español sufre problemas de erosión más o menos graves. Más de 1000 millones de toneladas de suelo de la península son movidas cada año por los fenómenos erosivos y en diversas ocasiones ha aparecido en informes de las Naciones Unidas que España es el país europeo con más extensión de zonas con riesgo de desertificación. El gran responsable, aunque no el único, de la extendida erosión en los suelos españoles es el clima. La España seca, árida o semiárida, recibe pocas precipitaciones al año, pero cuando cae la lluvia lo hace, frecuentemente, de forma torrencial, habitualmente en otoño, con una fuerza capaz de erosionar fácilmente los terrenos. La falta de agua provoca, también, que la vegetación sea escasa y que aporte poca materia orgánica al suelo y le proporcione una débil protección. Junto a la escasez de vegetación otras características de estas zonas es el ser frecuentemente montañosas, con laderas de fuertes pendientes, formadas por rocas relativamente blandas. Todos este conjunto de factores facilita que las aguas corran con fuerza arrastrando con facilidad el suelo y formando cárcavas y barrancos. La intervención humana ha agravado el problema. Las talas excesivas, los incendios, el pastoreo abusivo, las prácticas agrícolas inadecuadas y la construcción descuidada de pistas, carreteras y otras obras públicas aumentan la facilidad de erosión del suelo. Desnudan el terreno y originan focos en los que se inicia el arrastre de materiales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que el 30% de la superficie cultivable del planeta está sufriendo desertificación entre ligera y severa, con otro 6% que sufre "desertificación extremadamente severa" y son ya tierras irrecuperables. NO obstante, Algunos artículos en revistas como New Scientist, o periódicos de reconocido prestigio en sus secciones científicas como el New York Times y libros de importantes autores, como Thomas y Middleton ("Desertification: Exploding the Myth" 1996 Wiley) han puesto en duda la existencia de esta amenaza, al menos con la magnitud con la que se suele presentar habitualmente.  VIII.- BIODIVERSIDAD. EL PAISAJE COMO RECURSO NATURAL. La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del planeta. Los organismos que han habitado la Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad han sido muy variados. Los seres vivos han ido evolucionando continuamente, formándose nuevas especies a la vez que otras iban extinguiéndose. Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta en la actualidad son resultado de este proceso de evolución y diversificación unido a la extinción de millones de especies. Se calcula que sólo sobreviven en la actualidad alrededor del 1% de las especies que alguna vez han habitado la Tierra. El proceso de extinción es, por tanto, algo natural, pero los cambios que los humanos estamos provocando en el ambiente en los últimos siglos están acelerando muy peligrosamente el ritmo de extinción de especies. Se está disminuyendo alarmantemente la biodiversidad. La conservación de la biodiversidad es, en definitiva, otra forma de decir que si el ser humano continúa destruyendo el medio ambiente, está hipotecando su futuro, puesto que forma parte de él. De hecho, los expertos relacionan directamente la biodiversidad con otro concepto no menos importante, el desarrollo sostenible. En general, debe realizarse protegiendo las especies y los hábitat en los que viven, teniendo en cuenta los ecosistemas enteros, para lo que las medidas legales y los planes de gestión y conservación son imprescindibles. Asimismo, la conservación de la biodiversidad pasa ineludiblemente por combatir las actividades humanas que causan la extinción de especies. El territorio español cuenta con 10.000 especies de plantas diferentes, unas 20.000 especies de hongos, líquenes y musgos y entre 8.000 y 9.000 especies de plantas vasculares (helechos y plantas con flores) que representan el 80% de las existentes en la Unión Europea (UE) y casi el 60% de todo el continente. En cuanto a la fauna, la Península Ibérica posee la mayor riqueza biótica de Europa occidental, con un total de entre 50.000 y 60.000 especies animales, más del 50% de las especies existentes en la UE. En las islas Canarias habitan el 44% de especies animales endémicas. Además, España goza de 121 tipos diferentes de hábitat, lo que supone el 54% del total de la Unión Europea. España tiene también muchas especies en peligro. El 37% de las especies de vertebrados está en peligro y el 7% al borde de la desaparición. Respecto a las plantas el 15% está en riesgo de desaparición. La construcción de urbanizaciones, obras públicas, puertos, etc. en lugares especialmente sensibles, la tala de bosques maduros y su sustitución por especies de rápido crecimiento, la extensión de monocultivos y el abandono de usos agrarios y ganaderos tradicionales, o el aumento de los incendios, están suponiendo un grave ataque contra la biodiversidad ibérica. Según datos del informe de la FAO: "Situación de los bosques del mundo 2007", (resumen ejecutivo) casi 64 millones de hectáreas de bosques fueron arrasadas entre 1990 y 2005 en Latinoamérica y el Caribe (consideradas las zonas más afectadas del planeta). No obstante destaca que en más de 100 países se han establecido programas de protección del medio ambiente.  La cubierta forestal a nivel mundial alcanza casi 4.000 millones de hectáreas, y cubre cerca del 30 por ciento de la superficie terrestre. Según los datos de la FAO entre 1990 y 2005, el mundo perdió el 3 por ciento de su superficie forestal, con una reducción media del 0,2 por ciento anual. Mientras que entre 2000 y 2005 fueron 57 los países que incrementaron los espacios verdes, al tiempo que 83 registraron una reducción. Estas cifras representan un progreso, aunque la pérdida de bosques representa el 7,3 millones de hectáreas anuales, lo que equivale a unas 20.000 diarias. Los bosques cumplen importantes funciones ecológicas, entre las que están: a) Regulación del agua b) Influencia en el clima c) Absorben dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera d) Reservas de gran número de especies e) Acción depuradora f) Fuente de paz para el espíritu humano y lugar de reposo para muchas personas. IX.- ECOSISTEMAS SINGULARES. Además de los bosques como hemos visto es necesario también proteger ecosistemas un tanto particulares y específicos como son las comunidades higrófilas y los sistemas costeros (dunas y marismas). En este sentido es de destacar la Ley de conservación de espacios naturales de 1989. X.- BIODIVERSIDAD.

1.- INTRODUCCIÓN. La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del planeta. Los organismos que han habitado la Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad han sido muy variados. Los seres vivos han ido evolucionando continuamente, formándose nuevas especies a la vez que otras iban extinguiéndose. Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta en la actualidad son resultado de este proceso de evolución y diversificación unido a la extinción de millones de especies. Se calcula que sólo sobreviven en la actualidad alrededor del 1% de las especies que alguna vez han habitado la Tierra. El proceso de extinción es, por tanto, algo natural, pero los cambios que los humanos estamos provocando en el ambiente en los últimos siglos están acelerando muy peligrosamente el ritmo de extinción de especies. Se está disminuyendo alarmantemente la biodiversidad. La conservación de la biodiversidad es, en definitiva, otra forma de decir que si el ser humano continúa destruyendo el medio ambiente, está hipotecando su futuro, puesto que forma parte de él. De hecho, los expertos relacionan directamente la biodiversidad con otro concepto no menos importante, el desarrollo sostenible. En general, debe realizarse protegiendo las especies y los hábitat en los que viven, teniendo en cuenta los ecosistemas enteros, para lo que las medidas legales y los planes de gestión y conservación son imprescindibles. Asimismo, la conservación de la biodiversidad pasa ineludiblemente por combatir las actividades humanas que causan la extinción de especies. 2.- INEXISTENCIA DE UN CONCEPTO JURÍDICO. Es necesario como paso previo una nueva ética para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Esta nueva ética parte, fundamentalmente, de un proceso cultural. Implica una estrategia a largo plazo, basada sobre todo en enfoques educativos. Es indispensable comenzar a utilizar los problemas, analizar las variables de lo que es biodiversidad, desarrollo sostenible, y sobre todo, introducirlos como asignaturas en el sistema educativo. Después de todo eso, vendrá o tendrá su reflejo jurídico. El Convenio de Río de Janeiro representó el primer esfuerzo importante a escala internacional para impulsar un reparto equitativo de los beneficios de la biodiversidad mundial. Suele afirmarse que el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), aprobado en la Cumbre de Río de Janeiro en junio de 1992, representó un paso importante hacia una utilización ética y equitativa del mundo viviente. Este texto único en su género establece un marco de acción mundial que apunta a garantizar la prevención, la utilización sostenible y, hecho notable, la repartición equitativa de los beneficios de la biodiversidad. El CDB tiene que ver con la definición y el financiamiento de las políticas de conservación, el acceso a los recursos genéticos, el traspaso del Norte hacia el Sur de las tecnologías resultantes de la explotación de esos recursos y el comercio de los organismos genéticamente modificados (OGM). Reconoce que los países pobres no podrán cumplir sus compromisos de conservar la biodiversidad si los Estados desarrollados no les proporcionan acceso a las biotecnologías y el financiamiento indispensable. En efecto, la explotación excesiva de la biodiversidad es inevitable si una pobreza inaceptable sigue coexistiendo con modos de vida no sostenibles. 3.- LOS LÍMITES DEL PODER LEGISLATIVO. De Algún modo las decisiones legislativas vienen, en parte, limitadas por unos imprecisos datos científicos, pero ello no puede impedir que se revista, al menos, formalmente desde el punto de vista jurídico la protección de la biodiversidad. Aunque todo es susceptible de mejora, y en esta materia aún queda mucho por hacer, no podemos decir que estemos exentos de instrumentos jurídicos, por ejemplo el art. 45 CE resulta claro al establecer la utilización racional de los recursos naturales, y también desde el punto de vista internacional, el Convenio de Ramsar sobre humedades y el de Nueva York sobre Biodiversidad. En el mismo sentido nos encontramos con las Directivas comunitarias y el escaso margen que estas dejan a los estados (STJCE  de 20 de Marzo de 2003 sobre la Directiva 79/409). Indudablemente todo ello constituye unos importantes límites al poder legislativo de los estados. 4.- LÍMITES PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Existen, además de los límites vistos, dos fundamentales: la participación ciudadana en todos los procesos de ordenación y gestión de espacios naturales protegidos como en la evaluación del impacto ambiental. Y de otro lado la vinculación a los datos científicos y la actuación de la Administración al respecto. 5.- BIODIVERSIDAD Y GLOBALIZACIÓN. Existen graves problemas como son: a) Cuestionamiento de la eficacia real del derecho internacional en la materia b) la aplicación de la ingeniería genética a las plantas que después se incorporan a los ecosistemas con rasgos desconocidos por los mismos y cuyas consecuencias en gran medida se ignoran c) la propiedad intelectual (TRIPs): empresas procedentes de los países desarrollados utilizan plantas o conocimientos tradicionales de países pobres y tras leves modificaciones los patentan y pasan a explotarlos comercialmente.